Comissions Obreres del País Valencià

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Primer de Maig 2016
Las empresas del País Valenciano no cumplen la Ley de igualdad

Las empresas del País Valenciano no cumplen la Ley de igualdad

El Estudio realizado por la Secretaria de la Dona de CCOO PV revela que de las 175.640 empresas y 600 administraciones públicas valencianas sólo 100 empresas y 5 entidades públicas cuentan con un Plan de Igualdad.

La Secretaria de la Dona de CCOO PV ha lanzado una campaña de impulso de los Planes de Igualdad y de los protocolos contra el acoso en los centros de trabajo con la que pretende "radiografiar la situación de desigualdad presente en la mayoría de empresas, e informar a las trabajadoras y trabajadores de los derechos que pueden exigir".

En su artículo 45, la LOIEMH establece que todas las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, adoptando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación, que deberán negociar con los representantes legales de los trabajadores. Las empresas de más de 250 trabajadores tienen, además, la obligación expresa de tener un Plan de Igualdad y un protocolo de prevención del acoso. En el País Valenciano hay más de 460 empresas con esta condición, de las cuales sólo 25 han implantado un PI. "Probablemente habrá más, pero con la campaña también buscamos que afloren, que se publiquen en el BOE, que se oficialice y naturalice el registro de PI como ya ocurre con el convenio", apunta Cándida Barroso, secretaria de la Dona de CCOO PV.

A juicio de Comisiones Obreras, más allá de lo escandaloso de las cifras, "lo que más nos preocupa es que de las 100 organizaciones empresariales que cernían con un PI, la mayoría no ha realizado ni un diagnóstico de situación, ni tampoco han creado una comisión de igualdad, sobre todo en las que no ha habido negociación con agentes sociales". Barroso compara la implantación sin diagnóstico a la aplicación de una tratamiento médico sin reconocimiento previo. CCOO PV denuncia el riesgo de trivialización de la herramienta, ya que sin un buen asesoramiento en materia de igualdad y sin formación para poder negociar medidas concretas que corrijan y eliminen la discriminación se cercena la finalidad principal de los PI.

El estudio denuncia que los escasos PI implantados se limitan a reproducir el articulado de la LOIEMH referente a la obligatoriedad de la negociación de los planes de igualdad. En casi todos los planes se indica el "esfuerzo" para intentar utilizar un lenguaje no sexista, pero no se fijan los indicadores cuantitativos y cualitativos que permitirían visibilizar y revisar los resultados.

Tanto en las empresas públicas como privadas se observa la segregación vertical, incluso en las empresas feminizadas. Cándida ha detallado la dificultad para recabar información, porque las empresas se resisten a facilitar datos concretos, se limitan a hacer referencia a las tablas salariales. Pero la brecha se mantiene porque la discriminación se esconde en los pluses por presentismo, o en la promoción que se dificulta a las mujeres, forzadas a responsabilizarse en solitario de la crianza, renunciando a subir de categoría profesional, a formarse, a adquirir más responsabilidades y por tanto mejores retribuciones, etc.

Barroso también ha resaltado el peligro de reducir el desarrollo de un buen plan al ámbito de la conciliación "mal entendida". En la mayoría de PI analizados predominan las medidas de conciliación, pero no se asegura que ese derecho sea utilizado por hombres y mujeres, fomentando la corresponsabilidad.

Respecto al proceso de implantación de los PI, el estudio concluye que aquellas empresas en que no se ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales, registran dificultades añadidas a la hora de su aplicación real. Además, muchos planes no tienen Comisiones de Igualdad, ni ajustan su composición a la recogida en el Estatuto de los Trabajadores.

Protocolos de acoso

El Art. 48 de la LOIEMH establece que las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.

El estudio de CCOO PV concluye que son muy pocas las empresas valencianas que cuentan con protocolos de prevención del acoso. Además, la mayoría reproducen lo fijado por la LOIEMH sin concretar procedimientos de garantía y sin tipificar las faltas y las sanciones.

Tampoco se recoge la participación de la Comisión de Igualdad ni se exige formación de las personas que tienen que intervenir, tanto para la sensibilización de la plantilla como para la intervención en caso de denuncia.
En muchos casos se resuelve que son enfrentamientos personales ajenos al trabajo.

Según los datos de la Inspección de Trabajo en cuanto a intervenciones en materia de genero: entre los años 2008 a 2010 se realizaron 2.336 actuaciones con el resultado de 102 actas de infracción. De las realizadas por motivos de discriminación por razón de sexo, acoso laboral y acoso sexual se han realizado 1794 actuaciones con 90 sanciones. En las tipificadas como acoso sexual se han realizado 132 intervenciones con el resultado de un único expediente de infracción.

La conclusión es que en materia de acoso sexual y por razón de sexo no se está actuando adecuadamente. "Cuatro años después de la entrada en vigor de la ley, las víctimas siguen estando solas, desprotegidas, las empresas miran hacia otro lado y no quieren entrar al fondo del problema, ya que en ocasiones supone recomponer las relaciones de poder", concluye Barroso.

Desde la Secretaria de la Dona afirman que el sindicato siente como propia esta necesidad, y seguirá trabajando para que los Planes de Igualdad sean un eje más de la Negociación Colectiva no sólo por mandato legal, sino por necesidad social, para que los centros de trabajo sean espacios donde se respete la igualdad entre hombres y mujeres.

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